La Constitución incorpora necesarios cambios al sistema de educación superior, la planificación, gratuidad, la garantía de calidad, restricciones para la creación de universidades e institutos superiores técnicos y tecnológicos de garaje y la autonomía con responsabilidad social, son algunas de las innovaciones institucionales.
Es materia pendiente la Ley de Educación Superior, en ella, entre múltiples aspectos, deberá darse forma al organismo público de planificación, regulación y coordinación interna, reconocido en el Art.353 de la Constitución, así como al organismo público de acreditación y aseguramiento de calidad de la Educación Superior.
Los dos organismos tienen por su naturaleza y experiencia previa, características diferenciales que la nueva Ley debe contemplar, tanto más cuánto qué, el gran reto de la reforma universitaria será lograr e institucionalizar verdadera calidad académica en el sistema. Los retos que se presentan son los mismos de siempre y que son secreto a voces: eliminar el corporativismo, la politiquería, la creación de universidades sin articulación a las necesidades y objetivos de desarrollo, la tendencia a ver la educación superior como un negocio, entre otros.
Estos desafíos serán enfrentados siempre y cuando el diseño de los dos organismos públicos evite los errores del pasado. La nueva Ley, deberá evitar las incongruencias y la inacción que se daba en la Asamblea Universitaria, deberá en consecuencia, poner frenos y contrapeso, pero también deberá establecerse funciones, roles y disponer la reglamentación de esta instancia de decisión y deliberación. El organismo de acreditación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior, deberá conformarse bajo criterios técnicos, haciéndola impermeable a la injerencia política y dotándola de capacidad resolutoria vinculante en la creación y funcionamiento de las universidades e institutos.
Otros desafíos para la nueva Ley de Educación Superior son garantizar la homogeneidad en las titulaciones, no es posible que en nombre de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria muchos centros de educación superior hayan institucionalizado sistemas que han demostrado falencias y que no permiten que un estudiante pueda equiparar sus créditos en otras universidades por la incompatibilidad entre programas. La reforma universitaria debe ser en verdad revolucionaria.
Artículo Publicadoe en Diario La Hora, 18 de octubre de 2008
domingo, 19 de octubre de 2008
La reforma universitaria
La Constitución incorpora necesarios cambios al sistema de educación superior, la planificación, gratuidad, la garantía de calidad, restricciones para la creación de universidades e institutos superiores técnicos y tecnológicos de garaje y la autonomía con responsabilidad social, son algunas de las innovaciones institucionales.
Es materia pendiente la Ley de Educación Superior, en ella, entre múltiples aspectos, deberá darse forma al organismo público de planificación, regulación y coordinación interna, reconocido en el Art.353 de la Constitución, así como al organismo público de acreditación y aseguramiento de calidad de la Educación Superior.
Los dos organismos tienen por su naturaleza y experiencia previa, características diferenciales que la nueva Ley debe contemplar, tanto más cuánto qué, el gran reto de la reforma universitaria será lograr e institucionalizar verdadera calidad académica en el sistema. Los retos que se presentan son los mismos de siempre y que son secreto a voces: eliminar el corporativismo, la politiquería, la creación de universidades sin articulación a las necesidades y objetivos de desarrollo, la tendencia a ver la educación superior como un negocio, entre otros.
Estos desafíos serán enfrentados siempre y cuando el diseño de los dos organismos públicos evite los errores del pasado. La nueva Ley, deberá evitar las incongruencias y la inacción que se daba en la Asamblea Universitaria, deberá en consecuencia, poner frenos y contrapeso, pero también deberá establecerse funciones, roles y disponer la reglamentación de esta instancia de decisión y deliberación. El organismo de acreditación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior, deberá conformarse bajo criterios técnicos, haciéndola impermeable a la injerencia política y dotándola de capacidad resolutoria vinculante en la creación y funcionamiento de las universidades e institutos.
Otros desafíos para la nueva Ley de Educación Superior son garantizar la homogeneidad en las titulaciones, no es posible que en nombre de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria muchos centros de educación superior hayan institucionalizado sistemas que han demostrado falencias y que no permiten que un estudiante pueda equiparar sus créditos en otras universidades por la incompatibilidad entre programas. La reforma universitaria debe ser en verdad revolucionaria.
Artículo Publicadoe en Diario La Hora, 18 de octubre de 2008
Es materia pendiente la Ley de Educación Superior, en ella, entre múltiples aspectos, deberá darse forma al organismo público de planificación, regulación y coordinación interna, reconocido en el Art.353 de la Constitución, así como al organismo público de acreditación y aseguramiento de calidad de la Educación Superior.
Los dos organismos tienen por su naturaleza y experiencia previa, características diferenciales que la nueva Ley debe contemplar, tanto más cuánto qué, el gran reto de la reforma universitaria será lograr e institucionalizar verdadera calidad académica en el sistema. Los retos que se presentan son los mismos de siempre y que son secreto a voces: eliminar el corporativismo, la politiquería, la creación de universidades sin articulación a las necesidades y objetivos de desarrollo, la tendencia a ver la educación superior como un negocio, entre otros.
Estos desafíos serán enfrentados siempre y cuando el diseño de los dos organismos públicos evite los errores del pasado. La nueva Ley, deberá evitar las incongruencias y la inacción que se daba en la Asamblea Universitaria, deberá en consecuencia, poner frenos y contrapeso, pero también deberá establecerse funciones, roles y disponer la reglamentación de esta instancia de decisión y deliberación. El organismo de acreditación y de aseguramiento de la calidad de la educación superior, deberá conformarse bajo criterios técnicos, haciéndola impermeable a la injerencia política y dotándola de capacidad resolutoria vinculante en la creación y funcionamiento de las universidades e institutos.
Otros desafíos para la nueva Ley de Educación Superior son garantizar la homogeneidad en las titulaciones, no es posible que en nombre de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria muchos centros de educación superior hayan institucionalizado sistemas que han demostrado falencias y que no permiten que un estudiante pueda equiparar sus créditos en otras universidades por la incompatibilidad entre programas. La reforma universitaria debe ser en verdad revolucionaria.
Artículo Publicadoe en Diario La Hora, 18 de octubre de 2008
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