Las políticas públicas en el proyecto de Montecristi

El proceso de formulación de políticas públicas, esto es, las respuestas que el Estado y otros actores sociales dan a las principales demandas de una comunidad, no han sido el foco de atención de los proceso de reforma legal y menos aún constitucional, no al menos en el reconocimiento de tal categoría de forma explícita. Sin embargo, por vez primera en el proyecto de Constitución que se someterá al referéndum se eleva a la calidad de “garantía constitucional” las políticas públicas, los servicios públicos y la participación ciudadana, ¿qué implicaciones tendrá esto para la administración y gestión pública?
Una disposición constitucional de tal magnitud, invoca la necesidad de repensar el gestionar de lo público y la manera en que el gobierno central, su instancias administrativas y los gobiernos seccionales responden a las demandas ciudadanas en clave democrática. Que se incluya en el proyecto de constitución a las políticas públicas no supone que los actores estatales, privados y ciudadanos no hayan estado participando en alguna de las fases del proceso de las políticas, confirma eso sí, la necesaria modernización de la forma de administrar los recursos del estado con la participación conjunta de los actores sociales involucrados.
Las políticas públicas deberán ser resultado de procesos de participación y socialización comunitaria, no podrán diseñarse sin diagnósticos rigurosos y objetivados de las problemáticas de una comunidad y deberán suponer el uso de modernas técnicas metodológicas de investigación, análisis e interpretación de información.
Pero también deberá asumirse como supuestos básicos e innegociables criterios como la territorialidad, nadie que se haya acercado a un mediano conocimiento de experiencias exitosas y buenas prácticas puede desconocer que el desarrollo se construye con y desde lo local; las macro respuestas a las demandas ciudadanas provenientes desde el Gobierno Central deben articularse a verdaderos procesos de planificación, administración y gestión del desarrollo local. Si bien es un gran avance incluir en el proyecto de Montecristi esta categoría, el desafío se presenta ahora para los gobiernos seccionales quienes deberán lidiar con un gobierno central más fuerte, con un sistema de planificación centralizado y la necesidad de construir desde lo local eficientes y eficaces políticas públicas.
Por Melania Noemí Carrión (Artículo publicado en Diario La Hora Loja, el 6 de septiembre de 2008)