El estancado proceso de saneamiento agrario en Bolivia

Con la llegada al poder en Bolivia, el progresista Evo Morales ha orientado su labor ejecutiva a la consecución de dos primigenias metas: la asamblea constituyente y la reforma a leyes de carácter económico-social. Sin embargo, múltiples intereses, no precisamente de la mayoría, están no solo dilatando las necesarias reformas concebidas como metas objetivas y puntuales, sino también, minando la esperanza de muchos grupos y movimientos sociales.
La democracia electoral se verifica por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, pero en sentido amplio, un régimen sólo puede llamarse democrático, cuando el contrato social incluye la protección de otros derechos como los económicos y sociales. Este deber esta inmerso en el proyecto de reforma a la Ley Agraria 1715, una propuesta que al igual que la ley de hidrocarburos, es primordial y necesaria, pero que el Senado ampliamente conformado por la Oposición se niega a ratificar. ¡Que ironía!
El proceso que actualmente vive Bolivia, no es nuevo, la resistencia a la reforma agraria en América Latina es histórica, pero la propuesta boliviana sugiere que hay que repensar en cómo se hizo esos avances de reforma y en los resultados que no han generado. En Bolivia, la situación es clara, un pueblo en su mayoría campesino e indígena exige reformas a la Ley Agraria (INRA) con el propósito no solo de facilitar a sectores pobres el acceso a la tierra, sino también de activar un aparato productivo que se ha estancado con los latifundios no utilizados o subutilizados.
Es indudable que un ideal de los estados, es la democracia, pero una democracia en la que solo se utiliza el reconocimiento de los derechos civiles y políticos para legitimar el interés de grupos tradicionales de poder y se menoscaba el reconocimiento de derechos sociales y económicos de importantes grupos de la población, no es el mejor ejemplo de ella. ¡Que lástima! las propuestas progresistas tienen que luchar, como se observa en el caso boliviano, con grupos tradicionales de poder que se han legitimado en esferas legislativas para hacer más difícil la gobernabilidad.
Por: Melania Noemí Carrión (Artículo publicado en "Diario La Hora", noviembre de 2006)