El ideal de gobernabilidad

Durante décadas el Ecuador ha intentado alcanzar niveles mínimos de gobernabilidad en un marco de democracia. Hoy en día una vez más se debaten diseños e incentivos institucionales para lograr ese ideal, es imperativo sin embargo, no cometer los errores del pasado.
La gobernabilidad puede tener distintas definiciones, todas asociadas a elementos centrales como la legitimidad y la capacidad de los sectores en el gobierno para dar respuesta a las demandas sociales con respeto a los derechos y garantías democráticas.
Mi visión normativa no puede excluir un análisis previo de las principales variables que han incidido en la no consecución de este fin. Las razones son de índole diversa, pero dado que el conflicto se centra en el sistema político, es preciso rescatar los factores relacionados a esta esfera, que sin duda, son los más trascendentales.
El primer factor tiene un corte institucional o más dicho, en este caso desinstitucional, lo que supone que los actores políticos y sociales en el País, no han podido lograr niveles de institucionalización de ese sistema político debido principalmente al cambio recurrente de las “reglas de juego” tanto a nivel constitucional como legal. La seducción por las continuas reformas ha impedido que los actores interioricen un escenario de competencia y acción que determine sus estrategias, coaliciones y prácticas. Los actores al contrario, han intentado cambiar las reglas de juego a su conveniencia.
Un segundo factor no muy distante del primero alude a un sistema de partidos que respondió a cambios institucionales contradictorios al ideal de gobernabilidad y que han permitido situaciones como la pugna de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, definiendo una legitimidad dual, una carente fuerza partidaria del presidente con congresos altamente fragmentados, a lo que se suman problemas como las fórmulas electorales y desincentivos para la cooperación intra y interpartidaria.
Por último, las respuestas de la sociedad civil, los líderes políticos y emergentes grupos sociales, han demostrado no una cultura hacia el consenso sino más bien hacia la confrontación. Es menester insisto una vez más, que los actores políticos se comprometan en la práctica al respeto del diseño institucional que vendrá con la Asamblea Constituyente, caso contrario, seguiremos asistiendo a un sueño frustrado de gobernabilidad democrática.
Por. Melania N. Carrión (Artículo publicado en Diario La Hora, enero de 2008)
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